Qué cambia en la práctica cuando un paciente puede atenderse fuera de su institución
Equipo editorial Edumind
Es una noche de guardia en un hospital del ISSSTE y llega, con dolor precordial, un paciente que está afiliado al IMSS. Hoy el trámite suele implicar llamadas, constancias de derechos y, a veces, un traslado que consume minutos que el miocardio no tiene. A partir del 1 de enero de 2027, según el decreto que creó el Servicio Universal de Salud (SUS), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2026, ese paciente debería recibir atención sin importar en qué institución de seguridad social o de salud pública se encuentre. La pregunta clínica y administrativa que sigue es: ¿cómo se va a hacer?
Una nota publicada el 15 de octubre de 2026 por CONSULTORSALUD México resumió lo discutido en un seminario web sobre el tema. Esta columna no toma partido sobre la política pública; busca ayudar al personal de salud a entender qué viene, qué está definido y qué sigue abierto. Las cifras que se citan provienen de esa presentación y no se contrastaron con fuentes primarias.
Qué está definido
La primera etapa será gradual e incluirá, según el resumen, atención universal de urgencias, embarazos de alto riesgo, los protocolos Código Infarto y Código Cerebro, continuidad de ciertos tratamientos ambulatorios, vacunación y consulta de atención primaria. Participarán IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, hospitales federales y otras entidades. La institución de origen del paciente deberá restituir los gastos a la institución que lo atiende, con una periodicidad mensual como mínimo, coordinada por la Secretaría de Salud con la Secretaría de Hacienda. Además, el decreto contempla una credencial de salud vinculada a la CURP y mecanismos para consultar el expediente clínico electrónico entre instituciones.
Cifras citadas en el webinar (2024): unos 47.7 millones de personas sin afiliación pública declarada; cerca de 1.11 millones de hogares con gastos catastróficos en salud; unas 221,000 personas atendidas fuera de su entidad, 63% más que en 2019; cerca de una cama hospitalaria por cada mil habitantes.
Qué sigue abierto
Los pendientes que se señalaron son técnicos, pero tienen consecuencias clínicas. Las tarifas de compensación aún deben definirse: si son uniformes, podrían producir márgenes desiguales entre instituciones e incentivar la selección de pacientes menos complejos. Hay que homologar catálogos, autorizaciones y plazos de conciliación. No está claro quién determina que un hospital llegó a su límite de capacidad y qué alternativa tiene el paciente en ese momento. Tampoco están definidos con detalle los procesos de referencia, aceptación, traslado y contrarreferencia, ni la responsabilidad ante un evento adverso ocurrido en una institución distinta a la de origen del paciente.
Lo que esto cambia para usted
Para el médico de urgencias, un paciente con derechohabiencia ajena dejará de ser una excepción burocrática para convertirse en parte de la rutina. Para el médico familiar, el expediente electrónico interoperable plantea la posibilidad de ver estudios previos hechos en otro sistema; también plantea responsabilidades de confidencialidad y de calidad del registro. Para el médico que prescribe, surge una pregunta práctica: si el medicamento lo surtió otra institución, ¿cómo se documenta y se concilia?
Para quienes están en formación, el mensaje es doble. Primero, la nota clínica y la referencia bien escritas serán todavía más importantes cuando el siguiente médico no conozca al paciente ni al servicio. Segundo, las normas que rigen el expediente y la referencia entre niveles seguirán siendo la base; conviene releer la NOM-004-SSA3-2012 y los lineamientos de referencia y contrarreferencia de su institución.
Una mirada crítica, sin banderas
Una reforma que busca que nadie se quede sin atención de urgencia es, en principio, un objetivo que cualquier clínico comparte. El éxito, sin embargo, dependerá de detalles que el decreto por sí solo no resuelve: financiamiento, capacidad instalada, sistemas de información y claridad sobre responsabilidades. La experiencia internacional, como la de Colombia citada en el seminario, muestra que los sistemas de intercambio entre instituciones pueden funcionar, pero requieren años de ajuste y vigilancia de indicadores. Lo recomendable es leer el decreto original y las reglas de operación conforme se publiquen, y no depender solo de resúmenes.
Mensaje para llevar: ante cualquier cambio de sistema, la mejor preparación es una nota clínica clara, un expediente completo y la lectura directa de la norma, no del comentario.
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